Con la congelación de $12.300 millones de las cuentas y activos en el exterior de la petrolera estatal venezolana, se coloca en la palestra la modalidad de cobranza más antigua y efectiva de la humanidad: el embargo o secuestro.Si bien en el mercado existen diversos servicios de cobranza que se caracterizan por el sensacionalismo (Los diablos, por ejemplo), la congelación de cuentas o “embargo” es la mejor manera de cobrar lo que es de uno.
Con la medida, en el caso de Exxon Mobil, la empresa petrolera más grande del mundo, se pretende recuperar lo que según las experticias judiciales le toca como resarcimiento a la “patada de kung fu” que le diera el Gobierno venezolano sacándola de la asociación estratégica Cerro Negro, en la Faja del Orinoco, y del convenio de exploración a riesgo y ganancias compartidas La Ceiba.
En el ámbito doméstico, el término embargo le para los pelos a más de uno (sobre todo a los hombres) porque el acto judicial supone la incautación, confiscación, secuestro, decomiso, apropiación, retención o requisición (nada más) de bienes o dinero de personas jurídicas o naturales, como garantía de pago de una deuda ya sea hipoteca, crédito en el abasto, pensión alimentaria. Lo que sea.
No es negocio
El embargo de salario es quizás el procedimiento judicial más conocido y generador de negocios en Latinoamérica. El alto índice de “deserción” paterna que, por cierto, en lugar de disminuir va in crescendo, ofrece a miles de bufetes de abogados la “golilla” de clientas ávidas de justicia.
El embargo de sueldo consiste en la retención o retenciones a que está sujeto un trabajador asalariado en razón de obligaciones fijadas en sentencia y por orden de un juez competente, o por acuerdo entre partes (pensión alimentaria) y cuya aplicación es de cumplimiento obligatorio para el patrono o el funcionario de la empresa o institución a cargo de realizar el proceso.
Por salario se entiende los ingresos que tiene el trabajador sean ordinarios o extraordinarios, viáticos no sujetos a liquidación y con carácter permanente, comisiones y las dietas, con lo que se propende a la descapitalización del susodicho padre irresponsable.
Esta vez le tocó a papá Estado. Desde Londres y Nueva York llegaron sendas medidas para embargar a la primera benefactora del país: la industria petrolera.
Eliodoro Quintero, ex embajador de Venezuela ante la OPEP, señala que la medida de congelación de cuentas y activos de Pdvsa por un monto de $1.2300 millones “nos coloca en la antesala de una posible perdida patrimonial a consecuencia de una política petrolera altisonante”. Es decir que hoy, todos los venezolanos, estamos en mira de lo que no es negocio: invertir en Venezuela.
Y si no lo es para los estadounidenses, los ingleses o los canadienses, tampoco lo es para los locales. Quienes poseen bonos de deuda pública, conocidos como bonos de Pdvsa, deben estar llorando porque nadie, -absolutamente nadie- se los va a comprar. La cosa es que cuando hay deudas por pagar, no es negocio hacerse el loco.
